ÁLVARO URIBE, EXPRESIDENTE DE COLOMBIA ACUSADO DE SOBORNO A TESTIGOS Y FRAUDE PROCESAL: ¿qué ha pasado con el caso?

Continúan las audiencias contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado de soborno a testigos y fraude procesal.

En las últimas audiencias, la defensa de Álvaro presentó una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde argumenta que la jueza Sandra Liliana Heredia, quien lleva el caso, ha vulnerado los derechos al debido proceso del expresidente. El abogado Jaime Granados relata que “la defensa solo tuvo acceso el 30 de septiembre a las pruebas digitales del computador y celular incautados al testigo clave, Juan Guillermo Monsalve, y que no se les concedió una prórroga de siete días para realizar un peritaje exhaustivo” (Focus Noticias).

Granados rechaza la forma en que se ha tratado al expresidente: “Se le trata como al peor delincuente. A una persona que ha violado, que ha asesinado, que ha hecho de todo, se le respetan más los derechos que a Álvaro Uribe Vélez. Eso no tiene sentido, es un irrespeto, y creo que muchos colombianos deben sentirse muy mal al ver cómo tratan a una persona que lo único que ha hecho es servirle al país”, señaló el apoderado de Uribe.

Incluso, en dicha audiencia hubo una discusión entre Álvaro Uribe y la jueza, en la que, muy molesto, criticó la decisión de no permitir el aplazamiento de la diligencia para que su defensa pudiera acceder a las pruebas de Monsalve entregadas a la Corte Suprema de Justicia.

En la audiencia del 8 de octubre, a la que no asistieron ni el expresidente ni su abogado Jaime Granados, la jueza indicó que no se suspendería la diligencia hasta tener una orden del superior funcional. Sin embargo, una hora después se dio a conocer que sería aplazada para el 9 de octubre, luego de que el delegado de la Procuraduría General de la Nación, Bladimir Cuadro, solicitara revisar la legalidad de las intercepciones telefónicas entre el expresidente y el abogado Diego Cadena (Infobae).

El procurador delegado indicó que hay 28 intercepciones telefónicas entre el exmandatario y Cadena, pero resaltó que “no es sencillo establecer de tajo la solución al problema jurídico que surge sobre la legalidad de las interceptaciones telefónicas” (Infobae).