JOSE FACUNDO CASTILLO exgobernador de Arauca recibe pliego de cargos por irregulaciones en contrato del PAE

El pasado de 27 de Agosto la procuraduría General de la Nación presento una serie de pliegos en contra del exgobernador de Arauca y a 5 personas mas por irregularidades que se presentaron en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la emergencia del Covid – 19, al parecer hubo un sobrecosto de $ 1783 millones para el suministro delos alimentos, el cual se habría firmado sin haber realizo los estudios técnicos y financieros para justificar el valor de las raciones  lo cual “ocasionó el sobreprecio que se habría pagado durante la ejecución de los trabajos”.

Entre el 2020 y el 2021 La Procuraduría detectó un posible sobrecosto de $898 millones en las raciones, adicional se presentaron también irregularidades en publicidad del contrato, en la gestión de modificaciones y adiciones de valor.

La procuradora Margarita Cabello, indico que al momento de la firma no se “privilegió la necesidad de maximizar el uso eficiente de los recursos públicos con los que se financiaría el suministro del complemento alimentario para los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa, que son sujetos de protección especial por parte del Estado”. Esto habría vulnerado los principios de economía y responsabilidad en la contratación estatal, para ello presento dos cargos disciplinarios contra el exgobernador Castillo y exsecretarios Arévalo Quintero y Ortiz Ramírez. Estas faltas fueron clasificadas como extremadamente graves, imputándose una responsabilidad significativa en su conducta.

Es importante recordar que el exgobernador Castillo Cisneros, en el 2021, había sido puesto en prisión por enfrentar cargos por concierto para delinquir agravado y financiación de grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos años después fue dejado en libertad por orden del Tribunal Superior de Bogotá, a causa de vencimiento de términos. (El Pais)

La defensa de Castillo argumentó que debía ser puesto en libertad debido al vencimiento de los términos procesales. Según su alegato, desde el 18 de febrero del 2022 hasta el 22 de agosto de 2023, fecha en que se llevó a cabo la audiencia preliminar, había transcurrido un plazo superior a los 500 días sin que se iniciara el juicio oral, superando así el límite legal establecido para el inicio del proceso. (Infobae.com)